Estados Unidos pidió a sus embajadas en América Latina informar sobre delitos asociados a la “migración masiva”, según reportó EFE.
El Departamento de Estado también solicitó analizar políticas locales que, desde la visión de Washington, facilitan esos movimientos o dan prioridad a migrantes sobre ciudadanos.
En un mensaje público, la Cancillería estadounidense afirmó que EE. UU. busca reforzar el control migratorio y alertó sobre posibles abusos a derechos humanos vinculados a estos flujos.
La comunicación oficial también señaló a redes criminales que, según EE. UU., se benefician de la migración y facilitan el movimiento irregular de personas.
La directriz se enmarca en la agenda migratoria del presidente Donald Trump, que desde su regreso al poder ha impulsado más deportaciones y restricciones de entrada para ciertos países, de acuerdo con reportes periodísticos.
En ese contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que desde el 20 de enero se registraron 605,000 deportaciones y 1.9 millones de “salidas voluntarias”.
Sin embargo, en la cobertura citada se advierte que no se publicaron datos completos que permitan verificar plenamente esa última cifra, por lo que debe entenderse como una afirmación oficial.
En contraste, durante la administración de Joe Biden (2021-2025) se promovieron iniciativas para atender causas de fondo de la migración, como corrupción, violencia y falta de oportunidades económicas.