El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una reducción significativa en la tarifa para renunciar formalmente a la ciudadanía estadounidense. A partir del 13 de abril de 2026, el costo del trámite pasará de $2,350 a $450 dólares, lo que representa una disminución de casi el 80%.

La medida fue publicada el 13 de marzo de 2026 en el Registro Federal, el boletín oficial del gobierno federal, y devuelve la tarifa al mismo nivel que tenía en 2010, cuando el Departamento de Estado comenzó a cobrar por este trámite por primera vez.

En 2015, el gobierno estadounidense elevó la tarifa de $450 a $2,350 dólares para cubrir el incremento en los gastos administrativos generados por el aumento de solicitudes. Ese aumento fue cuestionado durante años por organizaciones que representan a ciudadanos estadounidenses residentes en el extranjero, quienes lo consideraron una barrera económica desproporcionada. La reducción anunciada es el resultado de seis años de presión legal y pública por parte de estos grupos.

La principal razón por la que ciudadanos americanos optan por renunciar a su nacionalidad es de carácter fiscal. Estados Unidos aplica impuestos sobre la renta basados en la ciudadanía, no en el lugar de residencia. Eso obliga a sus ciudadanos a declarar impuestos y reportar cuentas bancarias en el extranjero, incluso si llevan décadas viviendo fuera del país. Para muchos expatriados, esa obligación representa una carga administrativa y económica considerable.

Aunque la tarifa disminuye, el proceso de renuncia sigue siendo complejo y prolongado. Requiere dos entrevistas presenciales con funcionarios consulares, múltiples declaraciones escritas y verbales confirmando que el solicitante comprende las implicaciones de su decisión, y la firma de un juramento formal de renuncia. Al concluir el proceso se emite el Certificado de Pérdida de Nacionalidad, documento que oficializa la renuncia. El trámite puede durar varios meses.

Es importante tener en cuenta que renunciar a la ciudadanía no elimina automáticamente las obligaciones fiscales pendientes con el IRS (el fisco americano). Las deudas tributarias anteriores siguen vigentes. Adicionalmente, ciudadanos con altos ingresos o patrimonio pueden estar sujetos al llamado impuesto de salida (exit tax), una carga fiscal que aplica en el momento de formalizar la renuncia. La decisión es irrevocable y requiere asesoría legal adecuada antes de iniciarse.

Al renunciar a la ciudadanía, la persona pierde el derecho a vivir y trabajar libremente en Estados Unidos y deberá solicitar visa para ingresar al país como cualquier ciudadano extranjero.

Se estima que alrededor de 500,000 dominicanos cuentan con ciudadanía estadounidense. Si bien esta noticia no afecta directamente a quienes residen en República Dominicana, sí pone de relieve un aspecto poco conocido: los dominicanos naturalizados que regresaron al país siguen sujetos a obligaciones fiscales con el gobierno americano, independientemente de dónde vivan.