La política migratoria de los Estados Unidos atraviesa un momento de tensión sin precedentes, según reflejan los datos más recientes obtenidos por la encuestadora YouGov. Por primera vez en la historia de estos registros, el respaldo a la abolición total del servicio migratorio ICE ha alcanzado el 50%, superando significativamente al 39% que todavía se opone a su desaparición. Este cambio drástico en la percepción pública no es un evento aislado, sino que responde a una serie de incidentes críticos que han mermado la legitimidad de la agencia federal ante los ojos de la ciudadanía estadounidense.

El incremento en el rechazo hacia la institución se ha intensificado tras los recientes operativos de control en la ciudad de Minneapolis. En dichas acciones, dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, perdieron la vida a manos de agentes federales, lo que ha provocado que un 68% de la población exija investigaciones exhaustivas y transparentes sobre el uso de la fuerza letal por parte de los oficiales. La controversia aumentó cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó inicialmente a las víctimas como “terroristas domésticos”, declaraciones que fueron posteriormente desmentidas por testimonios de los propios funcionarios de la agencia.

Un aspecto relevante de este fenómeno es la forma en que el deseo de abolir el ICE ha permeado en sectores que tradicionalmente no apoyaban esta medida. Si bien el 77% de los demócratas respalda la eliminación de la agencia, ahora el 52% de los votantes independientes se ha sumado a este reclamo. Incluso dentro de las filas del Partido Republicano, el apoyo a la abolición ha llegado a un inusual 23%, la cifra más alta registrada en este sector conservador, lo que evidencia que la crisis de confianza institucional ha trascendido las líneas partidistas habituales.

La desconfianza pública se extiende también a las tácticas operativas que emplea el servicio migratorio ICE en el terreno. Actualmente, una mayoría del 58% de los estadounidenses considera que la agencia utiliza fuerza excesiva durante sus intervenciones, lo que representa un aumento de siete puntos porcentuales desde finales del año pasado. Además, solo una minoría del 27% cree que las personas sujetas a deportación son criminales, lo que contradice el discurso oficial de la agencia sobre sus prioridades de detención y seguridad pública.

Ante este escenario, existe un amplio consenso social, cercano al 75%, que exige que los agentes dejen de operar de forma anónima y utilicen uniformes que los identifiquen claramente en todo momento. El 59% de los ciudadanos también rechaza la práctica de que los oficiales oculten sus rostros durante las redadas, una demanda de transparencia que es compartida incluso por el 57% de los votantes republicanos. A pesar de estos datos, la abolición enfrenta barreras legislativas en un Congreso dividido, aunque el tema promete ser central en las próximas estrategias electorales.