El conflicto legal que rodea al expresidente venezolano Nicolás Maduro ha tomado un giro crítico en las cortes federales de Manhattan. Su abogado defensor, Barry Pollack, ha denunciado formalmente que la administración de Estados Unidos está impidiendo que el gobierno de Venezuela cumpla con su obligación legal de financiar su representación jurídica. Esta medida ha generado un intenso debate sobre las garantías constitucionales en procesos judiciales de alto perfil.

De acuerdo con un correo electrónico enviado al juez Alvin Hellerstein y recientemente incorporado al expediente público, el Departamento del Tesoro revocó de forma abrupta una licencia que permitía el flujo de fondos venezolanos hacia los defensores de Maduro. La defensa argumenta que esta acción es una interferencia directa que impide al acusado ejercer su derecho bajo la Sexta Enmienda, la cual protege la capacidad de un individuo para elegir y retener a su abogado de confianza.

La cronología de los hechos revela una decisión inusual por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El pasado 9 de enero de 2026, esta oficina había otorgado inicialmente el permiso necesario para que el Estado venezolano cubriera los honorarios. No obstante, en un lapso de apenas tres horas, el gobierno estadounidense retiró la autorización sin ofrecer ninguna explicación técnica o legal, dejando el financiamiento en un limbo financiero.

A pesar de que el financiamiento para Maduro fue suspendido, el gobierno de los Estados Unidos permitió que se mantuviera vigente la licencia para pagar a los abogados de la ex primera dama, Cilia Flores. Esta distinción ha sido señalada por Pollack como una táctica que complica aún más la situación de Maduro, quien ha declarado ante la corte que no cuenta con los recursos personales para costear una defensa privada ante cargos de tal magnitud.

La situación se desarrolla bajo un contexto político complejo en Venezuela. Tras la captura de Maduro el 3 de enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha tomado las riendas del país, facilitando el reinicio de las exportaciones de crudo y abriendo la industria petrolera a la inversión estadounidense. Mientras Washington recibe millones de barriles de petróleo de su “nuevo socio”, el sistema judicial mantiene una presión financiera máxima sobre el líder depuesto.

Finalmente, Maduro y Flores permanecen recluidos en un centro de detención de Nueva York sin derecho a fianza. Ambos enfrentan acusaciones graves de trabajar con carteles de droga para introducir toneladas de cocaína en territorio norteamericano, lo que podría acarrear penas de cadena perpetua. La próxima audiencia clave está programada para el 17 de marzo, donde se espera que el juez aborde la crisis de los honorarios legales.