Un reciente reporte de The Associated Press ha sacado a la luz un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que marca un giro radical en las políticas de detención en Estados Unidos. Según el documento, los agentes ahora cuentan con la autoridad discrecional para entrar en viviendas por la fuerza sin necesidad de presentar una orden judicial firmada por un juez.

Esta nueva directriz permite que los oficiales utilicen órdenes administrativas internas (Formulario I-205) para ejecutar arrestos en domicilios privados, siempre que exista una orden de expulsión previa. Esta medida ha generado un rechazo inmediato entre abogados y activistas, quienes denuncian que se están vulnerando protecciones constitucionales históricas que garantizan la privacidad y la seguridad de todas las personas dentro de sus hogares.

La implementación de este protocolo ha encendido las alarmas sobre el futuro de los derechos civiles en el país, dejando a miles de familias en una situación de vulnerabilidad ante la falta de supervisión de un tribunal independiente.