El presidente Donald Trump ha ratificado formalmente la legislación presupuestaria que pone fin al cierre parcial del Gobierno, permitiendo la reactivación inmediata de las operaciones federales tras jornadas de intensas negociaciones en el Capitolio. Este acuerdo legislativo garantiza los recursos operativos para la gran mayoría de las agencias del Estado, asegurando su funcionamiento hasta el cierre del actual ejercicio fiscal en septiembre.

No obstante, el pacto político incluye una excepción crítica que mantiene en vilo a la seguridad nacional. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo responsable de la gestión migratoria y fronteriza, solo ha recibido financiamiento asegurado hasta el próximo 13 de febrero. Esta restricción presupuestaria es una respuesta directa a las exigencias de la bancada demócrata, quienes condicionaron la entrega de fondos tras la muerte de dos personas durante operativos federales realizados recientemente en Mineápolis.

Bajo el nuevo marco legal, se establecen reformas operativas de cumplimiento inmediato para los agentes federales. Entre las nuevas exigencias destaca el uso obligatorio de cámaras corporales durante cualquier intervención y la prohibición estricta de utilizar máscaras que oculten su identidad ante la población. Estas medidas buscan incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en las labores de vigilancia y control migratorio.

Asimismo, la legislación estipula que los agentes deberán contar con órdenes judiciales previas para realizar ingresos o allanamientos en viviendas privadas, eliminando la discrecionalidad en este tipo de procedimientos. El Congreso de los Estados Unidos dispone ahora de un plazo de menos de dos semanas para alcanzar un consenso definitivo sobre el presupuesto del DHS, con el fin de evitar un nuevo conflicto migratorio y la parálisis de las agencias de seguridad nacional.