La Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) publicó una notificación de política en febrero de 2026 que modifica algunos requisitos de elegibilidad para sus préstamos respaldados por el gobierno. La notificación modifica aspectos internos de las guías que rigen programas como los préstamos 7(a) y 504.

Según esta nueva política, a partir del 1 de marzo de 2026, las empresas que soliciten financiamiento a través de la SBA deberán demostrar que todos sus propietarios directos e indirectos son ciudadanos o nacionales de Estados Unidos con residencia principal en el país o sus territorios.

Este cambio representa un ajuste respecto a las reglas previas, que permitían una mayor flexibilidad en la estructura de propiedad de las empresas. Bajo las normas anteriores, ciertos niveles de participación de propietarios que no eran ciudadanos eran aceptables bajo condiciones específicas.

Los programas 7(a) y 504 son dos de los más utilizados por pequeños negocios en Estados Unidos. El programa 7(a) ofrece préstamos que se pueden usar para capital de trabajo, compra de equipo o activos comerciales, mientras que el 504 está enfocado principalmente en financiamiento de bienes raíces comerciales y proyectos de expansión para empresas elegibles.

La notificación de la SBA también aclara que las solicitudes que no se aprueben antes del 1 de marzo de 2026 serán evaluadas bajo los nuevos requisitos. Por esta razón, algunos solicitantes con trámites en curso están acelerando sus procesos antes de esa fecha.

Expertos en financiamiento empresarial señalan que este ajuste podría cambiar la forma en que algunos emprendedores estructuran la propiedad de sus empresas. Sin embargo, no todas las interpretaciones que circulan en redes sociales reflejan con precisión el texto oficial de la política.

Como alternativa, algunos empresarios que podrían verse afectados están explorando opciones en el sector privado, tales como cooperativas de crédito y las Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI), que no están sujetas a los mismos requisitos federales de la SBA y, por lo general, tienen criterios diferentes respecto al estatus migratorio de los dueños.