Las nuevas sanciones de visa anunciadas por EE.UU. afectan el hemisferio occidental. El Departamento de Estado expandió esta semana una política de restricción que en su primera fase impacta a 26 personas y crea una nueva categoría de individuos que pueden perder el derecho a obtener una visa, independientemente de su historial previo.

La política apunta a ciudadanos de la región que, actuando en nombre de potencias adversarias, dirijan, financien o apoyen actividades que afecten los intereses estadounidenses, la seguridad regional o la soberanía democrática. En términos simples: si alguien en América Latina o el Caribe trabaja para favorecer a un gobierno que Washington considera enemigo, puede quedar bloqueado de obtener una visa aunque no tenga antecedentes penales ni haya violado ninguna ley.

El Departamento de Estado no publicó la lista de los 26 afectados ni reveló sus nacionalidades, y tampoco especificó cuáles países son considerados potencias adversarias. Esta medida se basa en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una disposición usada históricamente para denegar visas por razones de política exterior. A diferencia de los vetos por nacionalidad, este instrumento es selectivo y personal, lo que lo hace más difícil de anticipar.

Para el dominicano que tramita o planea tramitar una visa americana, los solicitantes regulares de turismo o procesos inmigrantes no están en el perfil que describe esta política. Sin embargo, el nivel de escrutinio sigue aumentando y el historial de vínculos con entidades que Washington clasifique como adversarias puede ser revisado con más detalle en las entrevistas consulares. El gobierno dejó claro que las acciones contra estas 26 personas son solo el inicio y que la política está diseñada para expandirse.