Un juez federal de Estados Unidos anuló el 5 de junio de 2026 varias políticas del USCIS que llevaban más de seis meses paralizando los casos de miles de inmigrantes. La decisión fue dictada por el juez de distrito John McConnell Jr., con sede en Providence, Rhode Island, quien concluyó en un fallo de más de 100 páginas que la agencia actuó de manera ilegal al suspender esos trámites para ciudadanos de 39 países de África, Asia, América Latina y el Medio Oriente.

El USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) congeló durante seis meses la tramitación de solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia (green cards) y procesos de naturalización, sin tener la autoridad legal para hacerlo. Miles de personas que siguieron todos los pasos correctos quedaron atrapadas en una espera indefinida, sin que hubieran hecho nada mal y sin recibir ninguna explicación válida de parte del gobierno.

Las restricciones comenzaron en noviembre de 2025, después de que un ciudadano afgano disparara contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., dejando una agente muerta y otra herida. La administración usó ese incidente para justificar una pausa generalizada en los procesos del USCIS, bajo el argumento de mejorar los controles de seguridad y verificación de antecedentes a nivel nacional.

El juez McConnell rechazó ese argumento de raíz. En su fallo señaló que el USCIS se atribuye una autoridad que no le corresponde, toma decisiones sin las justificaciones que la ley exige y actúa ignorando los intereses legítimos de los solicitantes. También indicó que los pretextos de seguridad nacional utilizados por la agencia encubrían posturas antiinmigrantes, lo cual tiene expresamente prohibido que influya en sus decisiones administrativas.

Entre los países de América Latina incluidos en la lista de restricciones estaban Cuba, Venezuela, Haití, Antigua y Barbuda y Dominica. La mayoría del resto eran naciones africanas, más varios países de Asia y el Medio Oriente. En total, 39 naciones vieron a sus ciudadanos bloqueados categóricamente, sin importar el tipo de trámite ni el tiempo que llevaban esperando una resolución del USCIS.

El juez fue claro en señalar que ese bloqueo no se debió a ninguna falta cometida por los solicitantes, sino únicamente al país donde nacieron. Destacó que estas personas habían seguido rigurosamente los procesos legales establecidos por el Congreso, y que el retraso recayó sobre ellos de forma injusta, como consecuencia directa de las políticas implementadas por la administración a través del USCIS.

La resolución judicial surgió a raíz de una demanda presentada en marzo de 2026 por una coalición de sindicatos y organizaciones de servicios para inmigrantes. Con el fallo en mano, el juez McConnell ordenó al gobierno reiniciar de forma inmediata el procesamiento de todos los beneficios migratorios congelados. Los trámites que el USCIS debe retomar incluyen solicitudes de asilo afirmativo, permisos de trabajo, ajustes de estatus, green cards y ceremonias de naturalización que habían sido suspendidas o reprogramadas sin fecha.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el USCIS, no emitió comentarios oficiales tras conocerse el fallo. Esta decisión se suma a una serie de reveses legales que han limitado el alcance de las medidas migratorias más restrictivas de los últimos meses, aunque aplica específicamente a los trámites procesados por el USCIS y no afecta a los jueces de inmigración que atienden casos en la frontera.