El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se prepara para un hito operativo al anunciar que espera equipar a todos sus agentes y oficiales de campo con cámaras corporales antes del 31 de agosto de 2026. Esta expansión acelerada promete proveer un registro visual sin precedentes de las operaciones en Estados Unidos; sin embargo, lo que inicialmente se perfila como un gran avance en la rendición de cuentas ha desatado un intenso debate sobre el control de la información. La controversia surge a raíz de una investigación de la agencia de noticias Associated Press (AP), la cual examinó una directiva interna de ICE fechada en febrero de 2025. El reporte reveló una provisión que condiciona la transparencia en los momentos más críticos, estipulando que el metraje de las cámaras se publicará de forma expedita después de una lesión grave o una muerte bajo custodia, pero solo “cuando sea en los mejores intereses de la agencia”.

Esta condición de discrecionalidad ha generado preocupación inmediata en organismos de supervisión. Un analista legal senior del Project on Government Oversight (POGO) advirtió que, aunque no es inusual que las agencias retengan o editen videos de manera selectiva, el hecho de plasmar esta discrecionalidad de forma explícita en su política oficial simplemente delata la jugada, dejando la puerta abierta para ocultar evidencia desfavorable. Ante esto, la respuesta institucional no se hizo esperar. El Director Actuante de ICE, David Venturella, rechazó las afirmaciones y acusó a la AP de tergiversar la política, argumentando que las restricciones buscan proteger la integridad de las investigaciones en curso y la privacidad de los involucrados, y que el medio de noticias mezcló dos provisiones diferentes en su informe.

No obstante, la Associated Press mantuvo firme su investigación, señalando que ICE tuvo la oportunidad de aclarar el panorama, pero no respondió a las preguntas específicas sobre la provisión antes de la publicación del artículo original. Mientras se acerca la fecha límite para que la totalidad de los oficiales porten estos equipos, la agencia enfrenta ahora el reto público de demostrar que esta nueva medida de vigilancia servirá como una verdadera herramienta de justicia y transparencia, y no como un archivo visual controlado a su conveniencia.