República Dominicana firmó un acuerdo con Estados Unidos para recibir de forma temporal a ciudadanos de otros países deportados desde territorio americano. El memorando fue suscrito el martes 12 de mayo de 2026 entre la Cancillería dominicana y el Gobierno estadounidense, en el marco de la iniciativa regional Escudo de las Américas. Con este paso, el país asume por primera vez el rol de nación receptora de tránsito dentro del esquema de deportaciones que impulsa la administración Trump.

El acuerdo es de carácter no vinculante y aplica a un número limitado de personas. Los migrantes admitidos bajo este mecanismo no obtendrán ningún tipo de residencia ni estatus migratorio en territorio dominicano. Su permanencia será estrictamente temporal mientras se coordina su retorno ordenado a sus respectivos países de origen. Cada caso será analizado y autorizado de forma individual antes de cualquier ingreso.

Las condiciones para ser admitido bajo este esquema son estrictas. No podrán ingresar ciudadanos haitianos ni menores de edad no acompañados. Tampoco personas con antecedentes penales de ningún tipo. El Gobierno de Estados Unidos asumirá todos los costos financieros y operativos relacionados con la estadía temporal de estos migrantes y con su posterior retorno a sus países de origen.

El acuerdo coloca a República Dominicana junto a otros países de la región como El Salvador, Panamá y Costa Rica, que ya venían desempeñando esta función dentro del esquema regional de deportaciones. Hasta este anuncio, el país se había limitado a deportar migrantes desde su propio territorio. Solo entre enero y abril de 2026, la Dirección General de Migración expulsó más de 126,790 extranjeros desde suelo dominicano, pero nunca había actuado como receptor de deportados enviados por una tercera nación.

La cooperación entre ambos gobiernos también se extiende a otros frentes. Junto al memorando migratorio, se formalizó una extensión temporal del acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal estadounidense en instalaciones dominicanas ya utilizadas previamente, orientada a labores de vigilancia e interdicción de narcóticos. El Gobierno dominicano presentó el conjunto del acuerdo como parte de una estrategia bilateral para enfrentar el crimen organizado transnacional y fortalecer la seguridad fronteriza en la región.